El foco de atención se centró rápidamente en Chicago, donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó una serie de detenciones en conjunto con otras agencias federales como el FBI, la DEA y la ATF. El "zar de la frontera" de la Casa Blanca, Tom Homan, declaró a CNN que fue "un buen día" y un "punto de inflexión" en la lucha contra la inmigración ilegal.
Según el ICE, el total de arrestos a nivel nacional ascendió a 956 personas, con 554 órdenes de detención ejecutadas. Estas cifras, las más altas desde que la agencia comenzó a reportarlas en X (antes Twitter), representan un incremento significativo respecto a las operaciones previas. La operación se extendió a ciudades como Atlanta, Puerto Rico, Colorado, Los Ángeles y Austin, Texas, generando una ola de preocupación entre la población inmigrante.
En Chicago, el alcalde Brandon Johnson aclaró que la policía local no participó en los operativos e instó a los residentes a "conocer sus derechos constitucionales". Este punto es crucial, ya que se plantea la cuestión de la colaboración entre las autoridades locales y federales en temas de inmigración, un debate constante en el contexto político actual.
Pero las acciones no se limitaron a las grandes ciudades. En Atlanta, el ICE detuvo a Walter Valladares, un inmigrante hondureño sin antecedentes penales significativos, según su hermano. En Colorado, una redada contra el narcotráfico y pandillas venezolanas dejó un saldo de casi 50 detenidos, muchos con vínculos al Tren de Aragua, según la DEA. Estos eventos muestran la amplitud de las acciones desplegadas a lo largo del país.
El impacto en la comunidad inmigrante es palpable. Una organización sin fines de lucro en Chicago reportó el caso de dos hermanas que dejaron de asistir a la escuela por miedo, al igual que sus padres. Esta situación refleja la ansiedad y el temor que se han extendido entre las familias migrantes, quienes se ven obligadas a tomar decisiones drásticas para protegerse. En este sentido, se han presentado demandas legales contra la administración por parte de grupos defensores de los inmigrantes, argumentando violaciones a derechos constitucionales.
Las acciones de la administración, y el enfoque en la deportación de sospechosos, incluso sin cargos penales formales inmediatos, marcan una nueva etapa en la política migratoria. Mientras tanto, el debate continúa entre aquellos que buscan la aplicación estricta de la ley y quienes defienden los derechos de los inmigrantes y la necesidad de un enfoque más humano.