Nueva York: 539 demandas sacuden su sistema de justicia juvenil
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Leonora LagardaEl anuncio de 115 nuevas demandas civiles, presentadas este martes por el despacho de abogados Levy Konigsberg, suma un capítulo más a una historia escalofriante. Estas querellas, junto a las 324 presentadas desde abril de 2024, elevan el total a 539 procesos judiciales contra la Ciudad de Nueva York. Los demandantes, sobrevivientes de abuso en centros como Crossroads, Spofford (Bridges), Horizon y Rikers Island, acusan a la ciudad de negligencia y complicidad.
“Fui coaccionada, manipulada y explotada por los miembros del personal. El impacto de lo que me pasó ha sido profundo y cambió el curso de mi vida,” declaró Kendra Monsanto, una de las demandantes, quien a sus 13 años fue internada en un centro de detención. Su testimonio, compartido junto al de Angel Sánchez, quien describe su experiencia en Crossroads en 2011 como “dañina, no rehabilitadora”, refleja el sentir de cientos de jóvenes que reclaman justicia.
Las demandas se sustentan en la Ley de Protección a las Víctimas de Violencia de Género, modificada recientemente para otorgar una ventana de dos años (hasta febrero de 2025) para presentar demandas por abuso, independientemente del tiempo transcurrido. Esta ley, aprobada en 2022 por el Concejo Municipal, busca reparar el daño causado a víctimas que fueron obligadas a realizar actos, en muchos casos con el uso de drogas, por parte de oficiales penitenciarios y consejeros. La edad promedio de los demandantes al momento del abuso fue de 14-15 años.
La respuesta de la Ciudad de Nueva York ha sido intentar desestimar los casos, argumentando que la ley solo responsabiliza a los agresores directos, no a las instituciones. Sin embargo, Levy Konigsberg argumenta que la intención de la ley es justamente la contraria, buscando responsabilizar a la ciudad por la permisividad que permitió que estos abusos se perpetraran durante décadas.
Mientras la concejal Carlina Rivera hace un llamado a la concientización sobre el cierre inminente de la ventana legal, la Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York (ACS) afirma realizar inspecciones y capacitación a su personal en base a la Ley federal de Eliminación de Violaciones en Prisiones de 2003. La presión sobre la ciudad, con el peso de 539 demandas, se intensifica, dejando al descubierto una problemática sistemática que exige un cambio profundo en el sistema de justicia juvenil.
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