La controversia gira en torno al Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, un tema que ha unido a figuras políticas de diferentes espectros ideológicos en un frente común. En el condado Miami-Dade, donde Donald Trump obtuvo un contundente 55% de los votos en las pasadas elecciones, la Comisión del Condado ha expresado su rechazo a la decisión de la administración Trump de revocar el TPS para aproximadamente 300,000 venezolanos beneficiados en 2023.
“Esta decisión creará inestabilidad innecesaria para las familias y las empresas”, afirma un comunicado emitido por la Comisión. El comisionado René García, ex presidente del Partido Republicano del condado, fue el impulsor de una moción bipartidista instando al presidente Trump y a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a reconsiderar la medida. La moción también extiende su petición a la protección de los beneficiarios del TPS salvadoreños, haitianos, hondureños y nicaragüenses.
García, en su comunicado, destaca la naturaleza temporal y humanitaria del TPS: “Es importante destacar que el TPS no es una política general de inmigración, sino una medida temporal y humanitaria”. El argumento central se basa en la situación inestable de Venezuela, un país del que han huido millones de personas en la última década. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumenta que las condiciones en Venezuela han mejorado lo suficiente como para justificar la revocación del TPS, una afirmación que ha sido recibida con fuertes críticas.
La decisión del DHS se basa en una evaluación de las condiciones actuales en Venezuela, realizada por la Secretaria Noem. Esta evaluación contrasta con la realidad de una crisis humanitaria que continúa desplazando a miles de venezolanos. La preocupación no se limita solo a los 300,000 afectados en 2023; la posibilidad de que se afecte también a los 250,000 beneficiarios de 2021, sumando casi 600,000 personas en situación de vulnerabilidad, aumenta la tensión.
Esta no es la primera vez que el condado de Miami-Dade expresa su oposición a la eliminación del TPS. En 2017, el entonces alcalde Carlos Giménez emitió una resolución similar. La actual situación resalta la fuerte presencia de la comunidad venezolana en Miami y la significativa contribución de sus miembros a la economía local. La incertidumbre pesa sobre el futuro inmediato de miles de personas y la respuesta de la administración Trump a este clamor bipartidista permanece en vilo.
Organizaciones como la Federación Hispana, encabezada por Frankie Miranda, también han expresado su rechazo a la medida, enfatizando la importancia de una solución legislativa que respete la dignidad humana. La situación plantea interrogantes sobre el futuro del TPS y las implicaciones para la política migratoria estadounidense.