Trump soluciona demanda millonaria contra 'X' tras reincorporación y apoyo de Elon Musk
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En el centro de la atención se encuentra Donald Trump y su relación con Elon Musk, una dupla que ha reescrito las reglas del juego político y empresarial. Recordemos que Trump, luego de su periodo presidencial, se enfrentó a una suspensión de su cuenta en Twitter (ahora X), posterior a los sucesos del 6 de enero de 2021. Esta decisión desencadenó una batalla legal que ha culminado recientemente en un acuerdo inesperado.
La demanda inicial, por una cifra cercana a los 10 millones de dólares, alegaba censura política por parte de la plataforma, entonces bajo la dirección de Jack Dorsey. Sin embargo, la narrativa cambió radicalmente con la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk en 2022, y la posterior reincorporación de Trump a la plataforma. Se rumoró incluso que Trump estuvo a punto de retirar la demanda, especialmente considerando la inversión cercana a los 300 millones de dólares que Musk realizó en su campaña presidencial de 2024.
Pero la historia no termina ahí. A pesar de la reactivación de su cuenta, el acuerdo de 10 millones de dólares se concretó. Este hecho se suma a otros acuerdos similares, como el alcanzado con Meta, que desembolsó 25 millones de dólares a Trump tras su prohibición en Facebook. Según The Washington Post, estos acuerdos forman parte de una estrategia legal más amplia por parte de Trump contra las grandes plataformas sociales.
Un detalle crucial que añade complejidad a la situación es el nombramiento de Musk como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) por parte de Trump. Este rol, otorgándole un control significativo sobre personal federal, presupuestos y datos, ha generado una oleada de demandas que acusan al gobierno de irregularidades. Más de una docena de juicios en tres semanas cuestionan el alcance de poder del DOGE, con sentencias judiciales reiteradamente desfavorables a Musk. Paralelamente, el imperio empresarial de Musk, incluyendo Tesla, se beneficia de contratos gubernamentales, como el contrato de 400 millones de dólares con el Departamento de Estado para vehículos blindados.
La situación genera una intrincada red de intereses políticos y económicos, donde las alianzas se redefinen constantemente y las consecuencias legales se miden en millones de dólares. El futuro de estas relaciones y las implicaciones a largo plazo, permanecen abiertas a la especulación.