Policía de Dallas resiste la presión de Abbott sobre inmigración
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Nicol Matuz ScottEn el centro de esta controversia se encuentra el Departamento de Policía de Dallas (DPD) y su jefe interino, Michael T. Igo. Recientemente, Igo reiteró la postura del DPD frente a las presiones del gobernador Greg Abbott para aumentar la cooperación con las deportaciones impulsadas por la administración Trump.
“La confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que servimos es esencial,” declaró Igo en un mensaje a la comunidad, enfatizando la prioridad del DPD en enfocarse en la seguridad pública, no en la verificación del estatus migratorio.
Esta postura se sustenta en una ordenanza municipal vigente desde 2017 que prohíbe a los agentes de Dallas detener o contactar a individuos únicamente para determinar su estatus migratorio. Se permite preguntar sobre el estatus migratorio sólo a personas legalmente detenidas o arrestadas, pero no es obligatorio.
El gobernador Abbott, un férreo defensor de la línea dura en inmigración, criticó duramente la postura de Igo, acusándolo de priorizar consideraciones políticas sobre la seguridad pública. Abbott incluso ofreció 4.000 celdas de prisión adicionales para migrantes detenidos por ICE, mostrando su compromiso con la deportación masiva.
Dallas, una ciudad con una importante población hispana (41.9% según datos del Censo de 2022), se considera un bastión demócrata y ha adoptado políticas que buscan proteger a la comunidad inmigrante, rechazando iniciativas como el programa 287(g), que permite a agencias locales asumir funciones de control migratorio.
El DPD ha implementado el programa UNIDOS, con sesiones informativas en la comunidad hispana para fomentar la confianza y la colaboración, realizando eventos en lugares como la iglesia Familia Bethel International Church y el Consulado de México en Dallas.
En contraste con la postura del gobernador, la policía de Dallas mantiene una política estricta de no usar la raza u origen étnico como criterio en su trabajo, y está prohibido interrogar a víctimas, testigos o denunciantes sobre su estatus migratorio a menos que sea estrictamente relevante para una investigación o la tramitación de visas humanitarias.
El mensaje final de Igo a la comunidad inmigrante, transmitido a través de redes sociales, fue contundente: “Necesito que sigan llamando a la policía, que no tengan miedo de salir de sus casas para ir a trabajar o enviar a sus hijos a la escuela.”
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