DeSantis endurece leyes de inmigración en Florida: tensión entre autoridades

El epicentro de la controversia radica en la iniciativa impulsada por el gobernador Ron DeSantis, quien ha incrementado la presión sobre las fuerzas policiales para que cumplan con las políticas estatales de inmigración, heredadas en gran medida de la administración Trump. Para ello, se ha creado el "Law Enforcement Accountability Dashboard" (LEAD).
Este tablero, administrado por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), permite que oficiales, empleados de la ley y el público reporten, incluso de forma anónima, cualquier incumplimiento de las leyes estatales de inmigración. "Este sistema de reporte proporcionará un canal directo para que oficiales y empleados reporten cualquier falla de su agencia en cumplir con las políticas de cumplimiento de inmigración de Florida," se lee en un comunicado atribuido a Larry Keefe, el zar de inmigración de Florida.
La ley estatal 908 exige plena cooperación con la aplicación de leyes federales de inmigración, y los funcionarios que no cumplan podrían enfrentar sanciones, acciones legales o incluso la remoción de su cargo por parte del gobernador. DeSantis ha sido claro al respecto: "Tengo la autoridad, si no cumplen con sus responsabilidades de asistencia, podrían ser suspendidos y removidos del cargo."
Sin embargo, esta estrategia no ha sido recibida con los brazos abiertos por todos los sheriffs del estado. Algunos, como el Sheriff del Condado de Broward, Gregory Tony, y el Sheriff del Condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, han expresado públicamente sus reservas. Aunque aseguran mantener la cooperación con ICE, han descartado destinar recursos adicionales a la tarea. "No me inscribí para ser ICE," afirmó Tony.
Por su parte, la Sheriff del Condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, ha recalcado la prioridad de su oficina en la seguridad pública, no en la persecución de personas indocumentadas. "Si usted es un criminal en este condado que está cometiendo crímenes activamente, será arrestado," declaró.
El programa 287(g), que permite a los agentes locales hacer cumplir las leyes federales de inmigración, ha sido el punto de fricción principal, pues la implementación de esta colaboración se ha convertido en un campo de batalla político en Florida, con consecuencias directas en el trabajo diario de las fuerzas del orden a nivel local.