Doral, Florida: incertidumbre tras vencimiento del TPS para venezolanos
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Nicol Matuz ScottEl epicentro de esta inquietud reside en su numerosa comunidad venezolana, que representa el 40% de sus 84,000 habitantes, transformando a Doral, Florida, en la “Doralzuela” que muchos conocen. Pero la prosperidad de esta ciudad, construida en gran parte gracias a la inversión y el trabajo de esta comunidad, se ve ahora amenazada por una fecha límite inminente: el 7 de abril de 2025.
En esa fecha, vence el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos, un programa migratorio creado en 1990 que brinda protección contra la deportación y permiso de trabajo. Su revocación, anunciada tras la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de anular la extensión otorgada por Biden hasta 2026, ha generado un clima de temor y preocupación.
“Gran parte de nuestra comunidad venezolana tiene TPS. Muchos son dueños de negocios. Otros son trabajadores que han desempeñado un papel crucial en mantener nuestra economía en auge,” afirmó el concejal de Doral, Rafael Pineyro, en declaraciones a EFE. Esta cita refleja la realidad: la inmensa contribución de los beneficiarios del TPS a la economía local.
El impacto ya es tangible. Despidos en varias empresas, una caída significativa en las ventas de comercios locales, incluso la devolución de 162 vehículos en un solo concesionario de autos en las últimas semanas, según testimonio anónimo a EFE, pintan un panorama desalentador. La incertidumbre se respira en cada rincón, desde los restaurantes, donde se nota la disminución de clientes, hasta los lavaderos de autos, que han visto su clientela reducida a la mitad.
La situación ha generado un efecto dominó. Algunos venezolanos, temerosos de la deportación, están modificando sus vidas, limitando sus actividades públicas o incluso considerando la autodeportación. Mientras tanto, organizaciones luchan legalmente contra la decisión, presentando una demanda que argumenta prejuicios raciales y violación de la Quinta Enmienda. Pero la incertidumbre persiste, con el concejal Pineyro reconociendo que, incluso con una victoria legal, la solución sería solo temporal.
El futuro de Doral, y el de sus habitantes venezolanos, pendiente de un hilo, espera la resolución de una compleja situación que se prolongará durante los meses siguientes. El verdadero impacto económico y social, según el presidente de la Cámara de Comercio de Doral, Manny Sarmiento, se conocerá solo con el paso del tiempo, una vez que se vea quien se marcha, quien se queda y que medidas se adoptan.
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