Deportan a familia inmigrante en Texas a pesar de la grave salud de sus hijos ciudadanos

El caso de la familia Hernández García (nombres ficticios para proteger su identidad), ha sacudido las bases de la comunidad inmigrante en Texas. Esta familia, integrada por María y Juan, y sus seis hijos –cinco de ellos ciudadanos estadounidenses–, se vio separada de su vida en Texas tras una detención en febrero de este año por el ICE.
La familia, residente en Texas por más de una década, contribuía a la economía local trabajando y pagando impuestos, integrando a sus hijos en las actividades de la comunidad. La situación se agravó en 2024 cuando a una de sus hijas, ciudadana estadounidense, le diagnosticaron un tumor cerebral. Simultáneamente, otro de sus hijos lucha contra una grave afección cardíaca.
Anteriormente, las cartas de sus médicos y abogados habían sido suficientes para que pudieran trasladarse para las citas médicas sin mayores problemas. Sin embargo, en febrero la situación cambió drásticamente. En un puesto de control migratorio en el sur de Texas, camino a Houston para una revisión médica de emergencia, la familia fue detenida. Se enfrentaron a una decisión desgarradora: la separación familiar o la deportación.
“Quiero que mis hijos tengan acceso a la atención médica que necesitan, que asistan a sus escuelas y vivan sus vidas en el único país que conocen como su hogar. Son ciudadanos estadounidenses, es su derecho. Pero también es su derecho ser criados por sus padres en ese hogar,” dijo María, con el corazón roto, en un comunicado de prensa.
Organizaciones como el Texas Civil Rights Project y The Young Center for Immigrant Children Rights denuncian el caso, destacando la vulnerabilidad de familias inmigrantes con hijos ciudadanos. Para Rochelle Garza, presidenta del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, “Lamentablemente, la historia de la familia Hernández García no es única. Fuimos testigos de separaciones familiares devastadoras durante el primer gobierno de Trump…”
La situación actual es crítica. La hija de 10 años, con un diagnóstico de cáncer cerebral, necesita un tratamiento continuo que ya no puede recibir en México. Su recuperación se ha visto interrumpida, presentando dificultades para hablar y mover el lado derecho de su cuerpo. Su hermano de 15 años, con síndrome de QT largo, también requiere atención médica especializada.
Mientras la familia espera una solución, la incertidumbre pesa sobre sus hombros. La lucha por la reunificación y el acceso a la atención médica necesaria para sus hijos, se convierte en una batalla contra un sistema que parece haberles fallado. La familia ha sido deportada, pero la historia no termina aquí. La historia de esta familia refleja un problema mayor que necesita atención urgente.