Despidos masivos en Educación Estados Unidos: 20 fiscales generales demandan a Trump
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Nicol Matuz ScottEn el centro de la controversia se encuentra la drástica reducción de personal en el Departamento de Educación de Estados Unidos, una decisión impulsada por la administración Trump que ha generado una ola de indignación entre las autoridades de varios estados.
La cifra es alarmante: de aproximadamente 4,100 empleados al inicio del mandato de Trump, el departamento se ha reducido a la mitad tras un despido de 1,300 personas anunciado el martes pasado. Esta reducción, según los críticos, no es una simple medida de eficiencia, sino un intento deliberado de desmantelar la agencia.
Entre las voces que se levantan en contra se encuentra la de la Fiscal General de Arizona, Kris Mayes. Mayes, junto con otros 19 fiscales generales de estados demócratas y el Distrito de Columbia, presentó una demanda federal en Massachusetts argumentando que los despidos son ilegales, señalando que “no se trata de mejorar la eficiencia gubernamental; es destrucción. No se trata de una mejor política educativa; se trata de desmantelar la educación pública para aquellos que quieren privatizarla con fines de lucro.”
La demanda alega que los recortes paralizarán el funcionamiento del departamento, impidiendo el cumplimiento de sus obligaciones legales. Señala, entre otras consecuencias, la posible pérdida o retraso de fondos federales para escuelas públicas, la incapacidad para administrar la ayuda financiera universitaria y la imposibilidad de hacer cumplir las leyes de derechos civiles en las escuelas.
Otros fiscales generales, como Letitia James de Nueva York, han expresado su enérgico rechazo a esta medida, afirmando que “este esfuerzo indignante para dejar atrás a los estudiantes y privarlos de una educación de calidad es imprudente e ilegal”. La contundencia de las declaraciones refleja la gravedad de la situación.
La lista de fiscales generales que se unieron a la demanda incluye a los de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington, Wisconsin, Vermont y el Distrito de Columbia. La magnitud de la coalición subraya la preocupación generalizada sobre las consecuencias de estas políticas.
El Departamento de Educación, por su parte, ha insistido previamente en que continuará cumpliendo con sus obligaciones legales a pesar de los recortes. Sin embargo, la contundencia de la demanda y la amplia coalición que la apoya plantean serias dudas sobre la viabilidad de esa afirmación.
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