Deportaciones masivas: Estados Unidos paga millones de dólares a El Salvador
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Nicol Matuz ScottEl foco se centra en la deportación de un grupo de venezolanos, presuntamente ligados al Tren de Aragua, una organización criminal con presencia en varios países de Latinoamérica. Este operativo, ejecutado bajo la administración Trump, envolvió más que simples deportaciones.
La Casa Blanca, a través de su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, confirmó el traslado de 261 inmigrantes ilegales a El Salvador. De estos, 238 eran venezolanos, supuestamente vinculados al Tren de Aragua, deportado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789. Otros 23 eran miembros de la Mara Salvatrucha, incluyendo dos líderes. El método de deportación varió; 137 bajo la Ley de Enemigos Extranjeros y 101 mediante el Título 8.
El detalle más sorprendente: el costo para los contribuyentes estadounidenses. Según Leavitt, Estados Unidos pagó seis millones de dólares a El Salvador para la detención y albergue de estos individuos. Esta cifra, según la funcionaria, representa un ahorro significativo comparado con los costos de mantenerlos en prisiones de máxima seguridad en suelo estadounidense.
La justificación de la administración Trump se basó en la consideración del Tren de Aragua como amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, esta decisión ha generado controversias. Un juez federal, James E. Boasberg, del Distrito de Columbia, emitió una orden judicial el 15 de marzo que bloqueó temporalmente la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros en estos casos, argumentando que no se cumplían los requisitos para su activación. No obstante, para entonces, las deportaciones ya se habían realizado.
El acuerdo con El Salvador, bajo la administración de Nayib Bukele, se presenta como una estrategia para contener el crimen organizado. El Salvador, con su enfoque de mano dura, se comprometió a mantener a los deportados en sus instalaciones penitenciarias. Bukele mismo se refirió a la tarifa pagada por Estados Unidos en redes sociales, calificándola como “baja para ellos, pero significativa para El Salvador”. La situación plantea interrogantes sobre la efectividad y el impacto a largo plazo de estas medidas, particularmente sobre la situación de los deportados y las implicaciones para la seguridad regional.
El acuerdo entre ambos países, la aplicación de una ley histórica y la respuesta judicial muestran una complejidad que requiere un análisis profundo más allá de las simples cifras.
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