Privacidad en riesgo en California: tarjetas municipales para inmigrantes exponen datos al ICE
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Nicol Matuz ScottRecientemente, un caso en California ha puesto en alerta a activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes. Se trata de las tarjetas municipales para indocumentados implementadas en ciudades como Richmond y Oakland. Estas tarjetas, diseñadas inicialmente para facilitar el acceso a servicios básicos como cuentas bancarias y atención médica, ahora se encuentran en el centro de una controversia.
El problema radica en el potencial acceso de agencias federales, específicamente el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), a la información personal de los titulares de estas tarjetas. Brian Hofer, director de Secure Justice, una organización dedicada a la justicia social, ha alertado públicamente sobre este riesgo. Según Hofer, la falta de advertencias claras en los sitios web de los programas municipales deja a los inmigrantes indocumentados expuestos a la deportación.
“No estamos diciendo que se cierren estos programas, pero se debe advertir a la comunidad sobre los posibles peligros,” declaró Hofer a San Francisco Chronicle. Esta afirmación resalta la necesidad de transparencia y una comunicación efectiva con los beneficiarios de estos programas.
La preocupación se amplía al considerar que, aunque Richmond eliminó la función de débito de su programa en 2022, los datos de los usuarios podrían permanecer almacenados en bases de datos privadas, accesibles para el ICE. Un informe del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown reveló que el ICE gastó 21 millones de dólares en 2021 para acceder a más de 400 millones de registros de información personal.
El acceso a estos datos se ve facilitado por la participación de instituciones financieras privadas, como MasterCard, sujetas a regulaciones federales que obligan a almacenar información de los clientes, incluyendo direcciones, por al menos cinco años. Estas entidades no están protegidas por las leyes de “ciudades santuario”, lo que aumenta el riesgo.
La concejal de Richmond, Soheila Bana, admitió su desconocimiento de los riesgos hasta su conversación con Hofer. “Me sorprendió saber que algo diseñado con buenas intenciones podría terminar afectando a las personas que queremos ayudar,” afirmó Bana. La abogada Chi Chi Wu, del National Consumer Law Center, aclaró que la Ley de Privacidad Financiera no impide el acceso del ICE, solo exige seguir ciertos procedimientos, dejando a los inmigrantes vulnerables.
Mientras tanto, Oakland asegura que su programa, administrado por SF Global, no da acceso a la ciudad a los datos de los usuarios. San Francisco, por su parte, cuenta con un programa de identificación municipal sin función de débito y con protecciones estatales para la información. Sin embargo, el antecedente de acceso del ICE a los registros del Departamento de Vehículos Motorizados en 2013, tras la aprobación de la Ley AB60, sirve como una advertencia.
La situación expone la complejidad del equilibrio entre brindar servicios esenciales a comunidades vulnerables y la protección de sus datos personales en un contexto de políticas migratorias restrictivas.
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