Demanda contra Trump por revocación del parole humanitario

El foco está en Washington D.C., donde tres organizaciones: CHIRLA (Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes), UndocuBlack, y CASA, Inc., han presentado una demanda de alto impacto. Se trata de una acción legal contra la administración de Donald Trump y sus políticas migratorias, específicamente contra la revocación del "parole" humanitario.
Estas organizaciones, que representan a cientos de miles de inmigrantes indocumentados, principalmente de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, argumentan que la decisión de la administración Trump de revocar el "parole" y proceder a la deportación acelerada de aproximadamente 530,000 personas es ilegal.
Angélica Salas, directora de CHIRLA, declaró: “Nuestras comunidades hicieron todo lo que el Gobierno les pidió… En lugar de honrar ese compromiso, el Gobierno quiere ahora expulsarlos sin siquiera escucharlos en una audiencia.” Esta declaración resalta la indignación y el sentimiento de traición que sienten muchos afectados.
Patrick Lawrence de UndocuBlack fue aún más contundente al referirse a la situación como “una peligrosa amenaza a nuestra democracia… una acción racista contra los negros y los haitianos.” Sus palabras subrayan la gravedad de la situación y las implicaciones a largo plazo.
El meollo del asunto reside en el uso del proceso de expulsión acelerada (expedited removal). Las organizaciones argumentan que este proceso, que permite la deportación sin debido proceso o audiencia ante un juez de inmigración, no debería aplicarse a quienes recibieron el "parole" humanitario. El documento legal, de 35 páginas, detalla los argumentos jurídicos de la demanda.
La demanda hace hincapié en que el "parole", una herramienta utilizada por administraciones de ambos partidos durante décadas, incluyendo la de Joe Biden con los ucranianos, fue utilizado para paliar la crisis migratoria y ayudar a regular el flujo de inmigrantes.
Históricamente, el "parole" ha sido un instrumento clave de la política inmigratoria de Estados Unidos, desde la presidencia de Eisenhower en 1953. La demanda destaca que su uso indiscriminado en este caso representa una violación a los derechos humanos y un cambio radical en la política migratoria.