Nueva ley migratoria de DHS: demanda contra Trump por registro obligatorio de inmigrantes
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Nicol Matuz ScottEl centro de la controversia radica en una nueva normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), impulsada por la administración Trump, que exige el registro obligatorio de millones de no ciudadanos en el gobierno federal. Esta medida, implementada sin el periodo estándar de comentarios públicos, obliga a los inmigrantes mayores de 14 años, que no se registraron previamente al entrar al país, a hacerlo ahora.
La ordenanza, según los documentos oficiales, prevé la emisión de una tarjeta de registro que deberá portarse en todo momento. El incumplimiento podría acarrear multas o incluso prisión. Pero no todos están de acuerdo con esta medida. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), el Centro Nacional de Ley de Inmigración (NILC), RFK Human Rights y CASA, entre otras, se han unido para presentar una demanda contra el DHS.
“Con un simple trazo de pluma, la administración Trump está intentando convertir a Estados Unidos en un estado de ‘muestre sus papeles’, donde millones de inmigrantes, ciudadanos naturalizados y ciudadanos nacidos en el país podrían ser acosados por las fuerzas del orden debido a su color de piel, el vecindario en el que viven o el idioma que hablan,” declaró Jeremy Robbins, director ejecutivo del American Immigration Council.
La demanda argumenta que la medida, lejos de ser un simple procedimiento administrativo, impone cargas significativas a millones de personas, creando un clima de inseguridad y potencial para la discriminación. "Esta norma es una invitación al abuso generalizado," afirma Michelle Lapointe, directora legal del AIC. "Hablamos de una nueva realidad en los Estados Unidos, donde cualquier persona que se perciba como inmigrante tendría que llevar sus documentos de identidad cada vez que sale de casa y estar preparada para mostrárselos a las fuerzas del orden bajo demanda, con el riesgo de ser arrestada."
La preocupación se extiende a grupos específicos, como los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y del Estatuto de Protección Temporal (TPS), cuya situación migratoria podría verse comprometida por esta nueva regulación. El riesgo de perfiles raciales y detenciones arbitrarias se cierne como una sombra sobre la comunidad inmigrante.
"Este proceso de registro está destinado a castigar, excluir y destruir familias, y no ofrece nada en forma de reconocimiento de las contribuciones de los inmigrantes," señaló Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
El litigio promete ser largo y complejo, con consecuencias de gran alcance para el futuro de la inmigración en Estados Unidos. Las próximas semanas serán cruciales para observar el desarrollo de este caso y sus repercusiones en la vida de millones.
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