Trump permite deportación de residentes legales bajo nueva política migratoria

La administración Trump, a pesar de sus promesas de enfocarse en criminales violentos, implementó una política migratoria que sorprendió a muchos. Resulta que incluso aquellos con documentos legales no estaban exentos de ser detenidos y deportados. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cuáles son las bases legales para esto?

El Título 8 del Código de Estados Unidos, la ley migratoria del país, establece diversas causales para la deportación de residentes permanentes (titulares de la green card) y beneficiarios de visas. Entre las razones, se encuentran:

• Condenas por delitos graves, como asesinato, violación o tráfico de drogas.
• Fraude migratorio o falsificación de documentos.
• Pérdida de la condición de residente condicional por incumplimiento de requisitos.
• Amenaza a la seguridad nacional.
• Apoyo a organizaciones terroristas o extremistas.

Si bien se requiere un proceso legal, este puede ser largo y complejo. Comienza con una Notificación de Comparecencia (NTA), donde se detallan las razones para la posible deportación. El caso se lleva ante un juez de inmigración, quien decidirá si la persona debe ser expulsada o puede permanecer en EE.UU.

Este proceso involucra varias etapas: audiencia preliminar, audiencia de mérito, decisión judicial y la posibilidad de apelación. Sin embargo, en los aeropuertos y fronteras, el proceso difiere. Las autoridades fronterizas pueden negar la entrada sin necesidad de una audiencia judicial.

Diversos casos ilustran esta realidad. Mahmoud Khalil, graduado de Columbia, enfrentó una posible deportación por una presunta amenaza a la política exterior estadounidense. Yunseo Chung, estudiante con green card, estuvo a punto de ser deportada tras participar en protestas. Fabian Schmidt, con residencia permanente, fue detenido por una condena menor de hace diez años. Y Ma Yang, residente permanente desde la infancia, fue deportada a Laos tras cumplir una condena por drogas.

Organizaciones como la ACLU criticaron la ampliación arbitraria de las leyes migratorias bajo la administración Trump, alegando violaciones a la Primera Enmienda en algunos casos. Por su parte, el DHS defendió las acciones como necesarias para la seguridad nacional. El proceso de deportación, en definitiva, es un camino sinuoso y lleno de complejidades legales, incluso para aquellos con estatus migratorio legal en Estados Unidos.

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