Juez acusa a Trump de desacato penal por deportaciones
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Nicol Matuz ScottEl centro de la controversia reside en la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789. Esta ley, usualmente asociada a periodos de guerra, fue utilizada por la administración de Donald Trump para la deportación de un grupo considerable de venezolanos.
El juez James Boasberg, de la Corte de Distrito de Washington, D.C., ha emitido una opinión contundente. En ella, sugiere que la administración Trump podría haber incurrido en “desacato penal” por su manejo de este caso.
“Como se detallará en esta Opinión, el Tribunal determina en última instancia que las acciones del Gobierno ese día demuestran un desacato deliberado a su Orden, suficiente para que el Tribunal concluya que existe causa probable para declarar al Gobierno en desacato penal”, se lee en el documento judicial.
La situación se centra en un vuelo a El Salvador, detenido por orden judicial antes de su partida. A pesar de esta orden, la administración Trump envió, en marzo, un total de 238 hombres venezolanos a la prisión CECOT en El Salvador. La justificación oficial: su supuesta pertenencia a la pandilla Tren de Aragua, recientemente designada como organización terrorista.
El juez Boasberg destaca la falta de debido proceso para estos individuos. “El Tribunal no llega a tal conclusión a la ligera ni precipitadamente; de hecho, ha dado a los Demandados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”, señala el juez en su documento.
El gobierno federal, por su parte, ha defendido la acción argumentando que el presidente Trump tenía la autoridad legal para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, incluso fuera de un estado de guerra, para deportar a estos hombres sin la necesidad de fundamentar las acusaciones ante un tribunal.
Este caso abre un debate crucial sobre los límites del poder ejecutivo en materia de inmigración y el respeto al debido proceso en casos de deportación masiva. El análisis de las implicaciones legales y políticas de este evento, así como sus posibles consecuencias para las futuras políticas migratorias, prometen ser de gran interés en los próximos meses.
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