Juez federal ordena a Trump devolver control de la Guardia Nacional de California al gobernador
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Nicol Matuz ScottEl juez del Tribunal Distrital de los Estados Unidos, Charles Breyer, nombrado por el expresidente Clinton, ha bloqueado temporalmente la acción del presidente Trump de desplegar miles de guardias nacionales en Los Ángeles, California, donde las protestas han llegado a ser violentas en ocasiones. Sin embargo, el juez ha pospuesto su orden hasta el viernes al mediodía PDT, lo que le da a la administración un plazo acotado para intentar una apelación de emergencia.
El juez Breyer argumentó que el presidente no siguió el procedimiento establecido por el Congreso para sus acciones y que, por lo tanto, sus acciones fueron ilegales y violaron la décima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. "Estas acciones suponen una autoridad ejecutiva federal extensa y peligrosa", dijo Nicholas Green, un abogado del estado, quien argumentó que el gobierno defendía una visión que permitiría al presidente federalizar la Guardia Nacional y desplegarla en calles civiles de cualquier ciudad del país sin restricciones. El juez Breyer expresó que las protestas en Los Ángeles " están muy lejos de ser una rebelión", y que por lo tanto no justifican la movilización de las tropas federales sin el consentimiento del gobernador de California. Con este fallo, el juez Breyer le otorga una victoria significativa al gobernador Gavin Newsom y al fiscal general de California, Rob Bonta, en su esfuerzo por invalidar el despliegue de las tropas federales en California como ilegal e intrusión inconstitucional en la autoridad estatal.
A raíz de esta decisión, la administración de Trump ha iniciado un proceso de apelación urgente para revertir el fallo. Durante una audiencia en el Congreso, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se negó a comprometerse a cumplir con las órdenes judiciales relacionadas con el despliegue de las tropas en Los Ángeles after un congresista demócrata le presionó sobre el tema.Hegseth argumentó que los jueces locales no deberían determinar la política exterior o de seguridad nacional del país, lo que ha generado críticas por considerar que esto implica una visión peligrosa y expansiva del poder ejecutivo federal.
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