Trump frena redadas migratorias por impacto económico
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Nicol Matuz ScottEl jueves pasado, un correo electrónico interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), firmado por Tatum King, un alto funcionario, ordenó la suspensión de las operaciones de control en lugares de trabajo específicos. Este correo, obtenido por The New York Times, revela una instrucción contundente: la paralización de las redadas en granjas, restaurantes y hoteles.
La instrucción, según tres funcionarios estadounidenses anónimos consultados por el Times, proviene directamente del Presidente Donald Trump. Esta decisión, aparentemente repentina, contrasta con las directrices previas, emitidas por figuras clave como Stephen Miller, asesor principal de la Casa Blanca, y Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional, quienes habían impulsado la detención de hasta 3,000 personas diariamente en operativos laborales.
El giro en la política migratoria se relaciona, según fuentes, con una declaración pública del Presidente Trump en su cuenta de Truth Social. En ella, el mandatario reconoció las presiones económicas derivadas de las redadas masivas. “Nuestros grandes agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado declarando que nuestra política muy agresiva en materia de inmigración les está quitando trabajadores… y que esos puestos de trabajo son casi imposibles de reemplazar,” escribió.
Este cambio de estrategia se produce después de que The New York Times publicara, a finales de 2024, un informe del American Immigration Council (AIC), el cual proyecta un impacto devastador en la economía estadounidense si se concretaran las deportaciones masivas. El AIC estimó una reducción del Producto Interno Bruto (PIB) entre un 4.2% y un 6.8%. El reporte también destaca la significativa contribución fiscal de los inmigrantes indocumentados, incluyendo pagos de impuestos federales, estatales, locales, y contribuciones a programas como el Seguro Social y Medicare. Cifras como $46,800 millones de dólares en impuestos federales en 2022 por parte de hogares de inmigrantes indocumentados, pintan un panorama complejo de la situación.
Mientras tanto, la subsecretaria de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, confirmó la suspensión de las redadas indiscriminadas, asegurando que se seguirán las instrucciones del Presidente y que el enfoque se centrará en "los peores delincuentes extranjeros ilegales". La excepción a la suspensión incluye investigaciones sobre trata de personas, lavado de dinero y tráfico de drogas en las industrias afectadas, pero sin la autorización para detenciones "colaterales".
El impacto a largo plazo de esta modificación en la política migratoria, así como sus consecuencias económicas y sociales, continúan siendo objeto de debate y análisis.
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