Redadas laborales seguirán, pero con enfoque en delitos graves: Homan
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Nicol Matuz ScottEn medio de esta tensión, Tom Homan, el zar de la frontera de Estados Unidos, ha realizado una declaración que ha acaparado la atención. Sus palabras, emitidas desde Washington D.C., han aclarado la estrategia del gobierno en cuanto a las redadas laborales a migrantes.
Según Homan, “El mensaje es lo suficientemente claro. Vamos a seguir haciendo estas operaciones en los lugares de trabajo, incluidos granjas y hoteles, pero sobre una base prioritaria. Los criminales son lo primero.” Esta afirmación deja entrever un cambio de enfoque, dejando en segundo plano a los migrantes sin antecedentes penales.
La priorización se centrará en migrantes con antecedentes criminales específicos, como trata de personas, trabajo forzoso, fraude fiscal o evasión de impuestos. Esta especificación pretende dar un matiz importante a la estrategia, diferenciando entre la deportación de individuos con antecedentes delictivos y la situación de aquellos que buscan trabajo de forma regular.
La declaración llega tras las recientes afirmaciones del presidente Trump sobre la necesidad de proteger a los agricultores, mientras se mantiene firme en su promesa de expulsar a los “criminales” del país. “Debemos proteger a nuestros agricultores pero sacar a los CRIMINALES FUERA DE EE.UU. ¡Se avecinan cambios!”, escribió en su red Truth Social.
Homan también ha destacado la importancia de la cooperación con las autoridades locales. Mientras elogia la colaboración en estados como Florida, critica la postura de las “ciudades santuario”, afirmando que “ahí es donde está el problema. Liberan (a migrantes) a sabiendas de que eso supone una amenaza a la seguridad pública.” Esta situación pone de manifiesto la complejidad de la problemática, con diferentes perspectivas y acciones a nivel estatal y local.
En resumen, el gobierno estadounidense ha reiterado su compromiso con las redadas laborales, pero ha establecido una nueva prioridad: la detención de migrantes con antecedentes criminales. La implementación de esta estrategia y sus consecuencias económicas y sociales seguirán siendo objeto de seguimiento y debate en los próximos meses.
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