Caso Henry: controversia por reporte de niño migrante a ICE en Florida
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Nicol Matuz ScottHablamos de Henry, un niño hondureño que llegó a Estados Unidos con su madre a los 13 años. Después de que su madre fuera deportada a Honduras, Henry se vio sin un guardián legal, enfrentando la adversidad en Pensacola, Florida. Registros indican que posiblemente fue víctima de trata de personas y terminó en situación de calle, durmiendo en un cobertizo.
Tras un reporte a la línea de atención de bienestar infantil del Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF), Henry fue brevemente acogido por una familia local, pero la situación no fue sostenible. En abril, fue oficialmente puesto bajo el cuidado del estado como menor en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la situación se tornó crítica el 6 de junio.
Fuentes cercanas al caso revelaron al Miami Herald que un administrador del DCF reportó a Henry al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta acción, según expertos legales como Robert Latham, asociado director de la Clínica de Derecho de Niños y Jóvenes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, contradice una política del DCF de 1995 que prohíbe investigar el estatus migratorio de un menor con el fin de facilitar su detención o la de su familia, especialmente en casos de denuncias por abuso infantil. "Es inconcebible que el DCF coopere de una manera que ponga a los niños en riesgo de daño", declaró Latham.
A pesar de que Henry no tiene una orden de deportación, permanece bajo custodia federal a cargo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, la cual se encarga de menores no acompañados. La abogada infantil Fran Allegra, quien dirigió la agencia privada de cuidado de crianza de Miami-Dade entre 2004 y 2014, advirtió que las acciones del DCF podrían marcar un cambio significativo en décadas de política establecida. "Esto pone en riesgo a los niños de Florida e introduce un nuevo efecto escalofriante en los reportes a la línea estatal de abuso infantil", afirmó Allegra.
La preocupación se centra en las posibles consecuencias: disminución de reportes de abuso infantil por miedo a la deportación dentro de las comunidades inmigrantes, y la desconfianza en el sistema de protección infantil por parte de familiares, vecinos y otros ciudadanos que podrían tener conocimiento de situaciones de riesgo.
El caso de Henry no solo pone en jaque las políticas migratorias de Florida, sino que también cuestiona la confianza pública en los sistemas de protección infantil y las posibles consecuencias a largo plazo para las comunidades vulnerables.
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