Errores en el Seguro Social de Estados Unidos: millones enfrentan deudas inesperadas

La Administración del Seguro Social (SSA) enfrenta críticas debido a errores en el cálculo de beneficios que han resultado en cobros millonarios a beneficiarios, quienes a menudo se ven obligados a reembolsar sumas considerables, incluso cuando no son responsables de las equivocaciones. Según reportes recientes, alrededor de dos millones de personas cada año reciben notificaciones de deuda por sobrepagos, muchos de los cuales tardan años o décadas en ser detectados, afectando gravemente la estabilidad financiera de jubilados y discapacitados.
Un caso emblemático es el de Steven y Becky Sword, una pareja de Chicago que recibió una carta exigiéndoles el pago de más de 50,000 dólares por supuestos pagos indebidos de beneficios, a pesar de que habían cumplido con enviar la documentación requerida sobre ingresos laborales. La SSA culpó a la pareja por no informar adecuadamente sus ingresos, aunque admitió fallas internas y atrasos relacionados con la pandemia y la escasez de personal, sin ofrecer disculpas ni soluciones adecuadas.
Expertos en finanzas personales y economía denuncian que la política de la SSA, que obliga a los beneficiarios a asumir errores administrativos bajo la premisa "nuestro error es tu error", genera un impacto financiero severo y afecta principalmente a personas vulnerables. Además, la falta de un límite temporal para reclamar reembolsos y la insuficiente modernización tecnológica complican la resolución oportuna de estos casos, mientras la agencia incrementa la recuperación de fondos mediante descuentos significativos en los pagos mensuales a los afectados.
A pesar de la presión pública y recomendaciones para modificar la legislación, la SSA mantiene su postura de recuperar todas las sumas pagadas en exceso, limitando el alivio solo a quienes demuestren indigencia extrema. Mientras tanto, muchas personas, como Roy Farmer y Jean Rodriguez, continúan enfrentando procesos prolongados y costosos para disputar deudas que a menudo carecen de respaldo documental, evidenciando una problemática sistémica que pone en riesgo la seguridad económica de millones de estadounidenses.