Redadas migratorias impulsan miedo y aislamiento en comunidades indocumentadas
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Nicol Matuz ScottUn reciente informe del Los Angeles Times revela que las redadas migratorias, intensificadas desde la administración Trump, están obligando a numerosos inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, especialmente en California, a retraerse de la vida pública por temor a ser arrestados. Actividades cotidianas como asistir a la iglesia, acudir a citas médicas o llevar a los niños a la escuela se han convertido en riesgos considerables, lo que ha llevado a muchos a evitar espacios públicos y adoptar alternativas digitales para preservar su seguridad.
Victor Narro, director del proyecto en el UCLA Labor Center, calificó esta situación como una forma dañina de perfil racial que, además, suspende derechos constitucionales y el debido proceso. Por su parte, el pastor Carlos Rincon de una iglesia pentecostal en East Los Angeles señaló que la asistencia a sus servicios presenciales se ha reducido a la mitad, siendo reemplazados por encuentros virtuales, y destacó casos en los que miembros de su congregación han pospuesto tratamientos médicos por miedo a la deportación.
El impacto de estas redadas también afecta el acceso a servicios esenciales. Instituciones como St. John’s Community Health en Los Ángeles han implementado programas de visitas domiciliarias ante la creciente cancelación de citas médicas, pues más de un tercio de los pacientes ha dejado de asistir por temor a la intervención de las autoridades migratorias. Asimismo, la economía local sufre debido a la escasez de mano de obra en sectores como la agricultura y la manufactura, donde la incertidumbre genera crisis laborales que afectan la producción y la estabilidad de negocios.
Frente a estas circunstancias, el Departamento de Seguridad Nacional reafirma su compromiso con la aplicación estricta de la ley migratoria. Tricia McLaughlin, portavoz de la dependencia, enfatizó que no habrá espacios seguros para industrias que, según el gobierno, protejan a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, manteniendo la vigilancia en los centros de trabajo como una prioridad para garantizar la seguridad pública y económica del país.
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