Así funciona el programa SNAP y los posibles cambios bajo la nueva ley de Trump

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), anteriormente conocido como cupones para alimentos, es una de las herramientas clave del gobierno federal para combatir la inseguridad alimentaria en Estados Unidos. Actualmente, cerca de 42 millones de personas, distribuidas en 22 millones de hogares, dependen del SNAP para adquirir alimentos básicos. El beneficio se otorga mensualmente mediante tarjetas electrónicas (EBT), las cuales pueden utilizarse en supermercados, tiendas de conveniencia y algunos mercados en línea.
Para acceder al SNAP, los solicitantes deben demostrar ingresos iguales o inferiores al umbral federal de pobreza, que en 2025 se sitúa en \$15,060 anuales para una persona o \$30,000 para una familia de cuatro. Existen excepciones para personas mayores, con discapacidades o con hijos. El monto de la asistencia varía según el estado y el perfil familiar, con un máximo federal de \$292 mensuales por persona y hasta \$975 por una familia de cuatro.
El nuevo proyecto de ley impulsado por el presidente Donald Trump y aprobado por el Senado propone recortes significativos al SNAP. Entre las modificaciones más importantes se encuentra la elevación de la edad laboral obligatoria para recibir beneficios —de 54 a 64 años—, lo que reduciría la cobertura para millones de personas. También se plantea que los estados asuman una mayor parte del costo del programa, lo que podría sobrecargar sus presupuestos. Estas medidas, según sus defensores, buscan reducir el fraude y fomentar el empleo; sus detractores advierten que podrían aumentar el hambre y la desigualdad.
De aprobarse en la Cámara de Representantes, esta legislación representaría el mayor recorte en la historia del SNAP desde su creación durante la Gran Depresión. Organizaciones sociales y expertos en seguridad alimentaria han manifestado preocupación por el impacto que tendría en comunidades vulnerables, incluyendo familias con niños y adultos mayores. El debate sigue abierto mientras millones de estadounidenses esperan una decisión que podría alterar profundamente su acceso a alimentos básicos.