Migrantes en Texas evitan médicos por miedo a deportación

Lo que antes eran rutinas cotidianas—ir al supermercado, llevar a los niños a la escuela o, peor aún, acudir al médico—ahora se han convertido en cálculos de riesgo para cientos de familias migrantes. "La gente prefiere aguantar el dolor antes que arriesgarse a salir", confiesa una trabajadora social de Weslaco bajo condición de anonimato.
El detonante: una serie de medidas federales y estatales que, aunque no están directamente vinculadas al acceso a servicios médicos, han sembrado desconfianza en comunidades enteras. Entre ellas, el acuerdo que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cruzar datos de beneficiarios de Medicaid—79 millones de personas—y la polémica iniciativa de Texas que alienta al personal médico a indagar sobre el estatus migratorio de pacientes en salas de emergencia.
Mientras tanto, especialistas como Lisa Gwynn, pediatra vinculada a la Academia Estadounidense de Pediatría, advierten sobre un "colapso silencioso": embarazos sin control, diabetes desatendidas y brotes de enfermedades infecciosas que podrían extenderse más allá de la comunidad migrante. Holy Family Services, una clínica en Weslaco, reporta que el 60% de sus pacientes diabéticos ha reducido sus visitas a la mitad.
Lo que comenzó como una estrategia de control migratorio está derivando en una crisis de salud pública. Las salas de espera vacías en hospitales del Valle del Río Grande no hablan de bienestar, sino de un miedo tan palpable que se antepone hasta al instinto de supervivencia.