Crisis en tribunales migratorios de EE.UU.: denuncian deportaciones masivas sin garantías

Detrás de esta advertencia está la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), cuyo director ejecutivo, Ben Johnson, no duda en calificar la situación como "una campaña alarmante que sacrifica el debido proceso". Según documentos internos y testimonios recabados por la organización, al menos 100 jueces migratorios han salido de sus cargos —entre despidos, jubilaciones anticipadas y renuncias— desde que se implementaron nuevas directrices.
Ashley Tabaddor, exjueza migratoria y expresidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, revela el mecanismo clave: "Antes existían plazos para revisar desestimaciones de casos. Ahora se ordena a los jueces aceptar solicitudes de ICE al instante, incluso si eso significa arrestos en los pasillos del tribunal". Un cambio que, según ella, borra décadas de protocolos diseñados para evitar arbitrariedades.
Mientras el Departamento de Justicia defiende las medidas como "necesarias para agilizar procesos", los críticos señalan un patrón recurrente: expedientes cerrados en minutos, familias separadas sin revisión de antecedentes y jueces que, en palabras de Tabaddor, "ahora deben elegir entre aplicar la ley o conservar su empleo".
El impacto ya se mide en números. Según datos obtenidos por The Washington Post, las órdenes de deportación exprés aumentaron un 210% en el último semestre. Pero más allá de las estadísticas, queda la pregunta sobre qué ocurre cuando los tribunales dejan de ser un contrapeso para convertirse en pieza de una maquinaria política.