El fiscal general de California, Rob Bonta, no midió palabras al calificar la medida como "un ataque sin precedentes contra la privacidad y los derechos de las comunidades más vulnerables". Según documentos judiciales, la demanda busca bloquear la entrega de:
- Nombres completos de todos los integrantes del hogar
- Fechas de nacimiento y números de seguro social
- Direcciones físicas y códigos postales detallados
La controversia surge justo cuando vence el plazo del 30 de julio para que los estados entreguen información de los últimos cinco años del
programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), que beneficia a 42 millones de personas en EE.UU., incluyendo:
- Familias con niños (53% de los casos en Nueva York)
- Adultos mayores y personas con discapacidad (35%)
- Comunidades migrantes en situación vulnerable
Letitia James, fiscal general de Nueva York, reveló que la medida ya está causando
"un efecto escalofriante", con reportes de familias que retiran solicitudes por temor a represalias migratorias. Michigan confirmó patrones similares, donde beneficiarios legítimos están renunciando a ayudas esenciales.
Los estados demandantes argumentan que:
- El programa SNAP tiene tasas de fraude inferiores al 1.5%
- Existen mecanismos de verificación robustos desde hace décadas
- Nunca antes se requirió información a esta escala masiva
Entre los 20 estados que se unieron a la acción legal destacan bastiones progresistas como Massachusetts, Washington y Oregon, pero también territorios con gobiernos republicanos como Arizona y Kentucky. El Distrito de Columbia también se sumó a la batalla jurídica.
Mientras los tribunales federales analizan el caso, organizaciones civiles monitorean el impacto en comedores comunitarios y bancos de alimentos, donde ya reportan aumento en la demanda. "Esto no es sobre fraude, es sobre miedo", señaló un portavoz de la Coalición contra el Hambre en declaraciones recogidas por medios locales.
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