Redadas migratorias vacían cuentas bancarias y fracturan familias en Estados Unidos

Ariel Figueredo López, cubano de 35 años, llegó legalmente a EE.UU. en 2023 mediante el programa CBP One. Instalador de paneles solares, compartía casa en Arkansas con otras dos familias para ahorrar. Todo se derrumbó cuando intentó resolver un error administrativo en una multa de tránsito: terminó detenido y ahora enfrenta deportación a Cuba, donde su familia teme que sea encarcelado políticamente.

"Queríamos comprar una casa, formar una familia… Al final lo perdimos todo", relata Eliani Rusindo, su pareja, mientras enumera lo que el arresto se llevó: el auto que les embargaron, el crédito que se desplomó, los muebles que tuvieron que vender. Cada mes destinan $500 dólares a abogados, un costo que repiten miles de familias.

• Bienes en limbo: Aunque ICE no confisca propiedades directamente, no existen protecciones legales para salvaguardar activos durante detenciones prolongadas.
• Estrategias de supervivencia: Comunidades enteras ahora firman poderes notariales preventivos y retiran ahorros "por si acaso", según talleres de la Florida Immigrant Coalition.
• Silencio forzado: En California, migrantes evitan reclamar derechos de inquilino por miedo a represalias, aceptando desalojos injustos antes que arriesgarse a una corte.

Lo que comenzó como operativos para deportar se ha convertido en una crisis económica paralela. Familias que tardaron años en construir un patrimonio lo ven esfumarse en semanas, mientras el reloj legal corre en su contra. Los talleres de "preparación familiar" ya no hablan solo de documentos, sino de cómo liquidar deudas rápidamente.

Detrás de cada estadística de arrestos hay historias como la de Ariel: hombres y mujeres cuyas faltas menores—una multa, un papel mal llenado—desencadenan pérdidas que tardarán una década en repararse. Mientras, las transferencias bancarias a centros de detención sustituyen a los envíos que antes llegaban a La Habana o Tegucigalpa.

---