"Las personas que están en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTADAS EN EL CENSO", declaró el mandatario en su plataforma Truth, sin aclarar si se trata de un conteo anticipado o un ajuste para 2030. La Constitución exige el recuento decenal de todos los residentes, sin distinción migratoria, desde la fundación de EE.UU.
Detrás de la aparente burocracia hay un juego de poder concreto:
- Los datos censales definen la distribución de escaños en la Cámara de Representantes
- Determinan el reparto de USD 1.5 billones en fondos federales anuales
- Incidirán en el peso electoral de cada estado para 2028
No es la primera vez que
Trump impulsa esta estrategia. En 2020, su intento por alterar el censo chocó con barreras judiciales, aunque el Supremo evitó fallar en fondo. Ahora, con una corte mayoritariamente conservadora, el escenario podría cambiar. Analistas señalan que la maniobra beneficiaría a estados republicanos como
Texas, que busca rediseñar distritos para ganar 5 curules adicionales.
La reacción no se hizo esperar. Legisladores demócratas ya preparan recursos legales, mientras California y Nueva York evalúan contramedidas. Según el Pew Research Center, excluir a los 11-13 millones de indocumentados habría alterado el mapa político en 2020:
- 3 estados perderían representación
- 3 estados conservadores ganarían escaños
La
orden ejecutiva de Biden que mantenía el criterio inclusivo fue revocada el primer día del nuevo gobierno. Todo apunta a que esta batalla, más allá de cifras y formularios, definirá el equilibrio de poder en Washington para la próxima década.
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