DHS busca autorizar interrogatorios por hablar español en California

"Esto no es solo sobre inmigrantes, es sobre todos los que tenemos raíces latinas", comenta una madre de familia residente en Sacramento, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias. "Mis hijos nacieron aquí, pero ahora me preguntan si deberíamos dejar de hablar nuestro idioma en público".

La medida, presentada ante la Corte Suprema de Estados Unidos, incluye otros criterios controversiales:

• Intervención en zonas laborales con alta presencia de migrantes
• Uso de "perfil étnico-lingüístico" como justificación para revisiones
• Ampliación de facultades para ICE en operativos rutinarios

Fabián Núñez, expresidente de la Asamblea de California y reconocido analista político, no duda en calificar la iniciativa como un retroceso en derechos civiles. "Cuando el color de piel o tu acento se convierten en motivo de sospecha, estamos rompiendo el contrato social básico", declaró durante una entrevista radial.

Los datos oficiales contradicen la lógica detrás de la propuesta:

• 28% de hogares californianos tienen el español como lengua principal (Censo 2020)
• 80% de latinos en EE.UU. son ciudadanos (Pew Research Center)
• California alberga a 15.6 millones de hispanohablantes, muchos de ellos profesionales bilingües

En los círculos jurídicos, la discusión gira en torno a posibles violaciones a la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones irrazonables. Varios distritos escolares ya emitieron comunicados recordando que el español forma parte del patrimonio cultural del estado, donde el 39% de la población es de origen hispano.

Mientras la Corte Suprema evalúa el caso, pequeñas empresas propiedad de latinos reportan un descenso en clientela. "La gente prefiere quedarse en casa", confiesa el dueño de una panadería en East Los Angeles. "No es justo que después de 20 años pagando impuestos, ahora nos traten como sospechosos".

El documento del DHS, obtenido por medios locales, argumenta que "la aparente etnicidad puede constituir factor razonable para indagación". Organizaciones pro derechos humanos preparan movilizaciones masivas, advirtiendo que de aprobarse, esta medida sentaría un peligroso precedente para comunidades multiculturales en todo el país.

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