La Institución Correccional Baker, una prisión estatal semiabandonada a las afueras de Jacksonville, será el escenario del segundo centro de detención masiva para migrantes bajo el mandato de Ron DeSantis. "Estamos optimizando recursos estatales para proteger a los floridanos", declaró el gobernador durante el anuncio, omitiendo mencionar que el complejo fue cerrado en 2021 por falta de guardias.
Datos clave:
- Capacidad inicial para 1,300 personas, expandible a 2,000
- Coste estimado: $6 millones vs. los $330 millones gastados en "Alligator Alcatraz"
- Tiempo de adaptación: 3 semanas para instalar sistemas de ventilación (inexistentes en la prisión original)
El proyecto, bautizado informalmente como
"Deportation Depot" por activistas, replica el modelo del polémico centro en los Everglades—pero con una diferencia crucial:
utiliza estructuras permanentes de concreto en lugar de carpas improvisadas. Según documentos internos obtenidos por abogados de
derechos humanos, la prisión de
Baker carece de protocolos para manejar brotes de COVID-19, un riesgo considerando los reportes de contagios en la instalación hermana.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la medida como "un ejemplo de eficiencia federal-estatal", aunque omitió que la Guardia Nacional—ya desplegada en cárceles por la crisis de personal—asumirá labores de custodia. Mientras, organizaciones civiles documentan irregularidades en el primer centro:
- Detenidos obligados a firmar deportaciones voluntarias sin acceso a abogados
- Inundaciones recurrentes en áreas habitables
- Falta de jurisdicción clara para impugnar detenciones
En las próximas semanas, el juez federal Rodolfo Ruiz determinará si el estado violó derechos constitucionales al negar asesoría legal confidencial. Mientras tanto, camiones con barrotes ya transitan por la carretera 121 hacia
Baker, donde los primeros
migrantes podrían llegar antes de septiembre.
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