Long Beach aprueba polémica ley para proteger a inmigrantes de redadas

El Concejo Municipal aprobó este lunes un protocolo inédito: la "Acta de Valores", diseñada para blindar a la comunidad inmigrante. La medida prohíbe el acceso no autorizado de agentes federales a propiedades privadas sin órdenes judiciales válidas, incluyendo clínicas, escuelas y hasta dependencias gubernamentales locales.
"No vamos a permitir que nuestras calles se conviertan en campos de caza", declaró el alcalde Rex Richardson durante la sesión. Detrás de sus palabras hay una estrategia concreta: más de 6,000 empleados municipales están siendo entrenados para exigir documentación legal a las autoridades migratorias antes de permitirles ingresar a instalaciones no públicas.
Kevin Alcaraz, dueño de una panadería en el centro, ve en esta iniciativa una tabla de salvación. Sus ventas cayeron 40% tras las redadas, según documentos consultados. "La gente dejó de salir, pero ahora sabrán que aquí conocemos sus derechos", afirmó mientras revisaba los materiales de capacitación para su negocio.
La sombra de las advertencias federales planea sobre la ciudad. Aunque Long Beach no aparece entre las 32 jurisdicciones amenazadas por la Fiscal General Pam Bondi, fuentes del gobierno local confirmaron que ya preparan recursos legales ante posibles represalias. Paul Barragán-Monge, arquitecto de la política, fue contundente: "Nuestra prioridad es proteger a quienes viven aquí, sin importar su estatus".