Este viernes, la jueza federal Kathleen Williams emitió una orden que prohíbe el ingreso de nuevos detenidos al centro y exige el desmantelamiento de infraestructura añadida. "El Tribunal se basa en la reducción programática de la población del campamento", señaló en el documento, dejando claro que el fallo equivale a una sentencia de cierre.
Los detalles clave:
El centro, construido con remolques de FEMA y carpas militares, operaba en un limbo jurídico. Aunque el gobernador Ron DeSantis insistía en su necesidad, documentos revelan que ni ICE ni DHS supervisaban directamente a los custodios estatales.
Mientras las máquinas comienzan a retirarse, quedan preguntas: ¿dónde serán trasladados los últimos detenidos? ¿Qué pasará con las otras demandas pendientes por acceso a abogados? Por ahora, los cocodrilos recuperan su territorio.