Texas endurece penas para indocumentados en casos de homicidio por intoxicación

La Ley Grayson, registrada como HB 2017, modifica el Código Penal de Texas al elevar de grave de segundo grado a grave de primer grado el delito de homicidio involuntario por intoxicación cuando el acusado no cuenta con residencia legal. La condena mínima obligatoria pasará de dos a diez años, sin posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios durante ese periodo.
Los detalles clave de la reforma incluyen:
"Este cambio busca evitar que tragedias como la de Grayson se repitan", declararon fuentes cercanas al proceso legislativo. La presión pública y mediática aceleró la aprobación de la iniciativa, que recibió apoyo mayoritario en ambas cámaras antes de ser promulgada por el gobernador Greg Abbott.
Las autoridades judiciales ya preparan protocolos para aplicar la normativa, que solo afectará a delitos cometidos después de su entrada en vigor. Mientras tanto, organizaciones de derechos migrantes analizan posibles repercusiones en una comunidad que representa cerca del 17% de la población texana según datos del censo.
El caso ha reabierto el debate nacional sobre migración y justicia penal, colocando a Texas como pionero en este tipo de legislación. Al menos cinco estados con alta presencia migrante ya estudian iniciativas similares, aunque expertos advierten sobre posibles efectos colaterales en el sistema carcelario.