ICE prioriza arrestos en prisiones, pero datos revelan enfoque politizado
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Nicol Matuz ScottSegún datos del Deportation Data Project, entre enero y junio de este año, 49% de las detenciones ocurrieron dentro de prisiones, superando por primera vez en años a los arrestos en comunidades (44%). Las autoridades federales insisten en que priorizan a extranjeros con antecedentes penales, pero los registros muestran que la mayoría enfrentaba cargos menores: desde multas de tránsito hasta violaciones administrativas de inmigración.
El mecanismo es claro: el ICE envía solicitudes de retención a cárceles locales para interceptar indocumentados antes de su liberación. Sin embargo, esta táctica choca contra un muro en ciudades como Los Ángeles o Chicago, donde las llamadas "políticas santuario" limitan la cooperación con agentes federales. "Nos obligan a perseguirlos en calles, aumentando costos y riesgos", admitió un oficial bajo condición de anonimato.
- Estados republicanos: 59% de arrestos en prisiones; 41% de detenidos con antecedentes menores.
- Estados demócratas: 70% de capturas en espacios públicos; solo 36% con historial delictivo.
Detrás de estos números late una batalla legal y presupuestal. La reciente inyección de miles de millones para deportaciones aceleradas contrasta con la resistencia de fiscales y alcaldes que, como en Boston, se niegan a convertir comisarías en centros de detención migratoria. "No somos sucursales del ICE", declaró una concejal de Massachusetts, donde la policía tiene prohibido indagar estatus migratorio.
Mientras el gobierno federal promete alcanzar un millón de deportaciones para 2025, analistas advierten que el verdadero obstáculo no son los recursos, sino el mapa fragmentado de leyes locales. Cada estadística espeja una realidad: en Estados Unidos, ser inmigrante irregular puede significar desde una deportación express hasta la posibilidad de reconstruir una vida… dependiendo del código postal.
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