DHS impone restricciones a ayuda por desastres para inmigrantes indocumentados

Las cláusulas, aplicadas a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), incluyen:

• Prohibir programas que "beneficien a inmigrantes ilegales o incentiven la migración irregular".
• Exigir cooperación con autoridades migratorias, incluido acceso a detenidos.
• Vetar la difusión de operativos de deportación.

"No existe precedente histórico para esto", advirtió Scott Robinson, experto en gestión de emergencias de la Universidad Estatal de Arizona. "Que el gobierno federal use estas operaciones para vigilancia es territorio completamente nuevo".

El impacto recaería sobre organizaciones como la Cruz Roja y el Ejército de Salvación, que ahora enfrentarían el dilema de verificar estatus migratorio antes de repartir agua, alimentos o refugio. El retraso en zonas de desastre podría ser crítico, especialmente en comunidades latinas con hogares de estatus mixto.

En Nueva York, donde las leyes estatales prohíben preguntar por situación migratoria, el conflicto es directo. "Nunca nos habían dicho a quién servir", declaró Peter Gudaitis de New York Disaster Interfaith Services. "Como grupo religioso, tenemos ese derecho".

La polémica se amplía con otra cláusula: los fondos no podrán usarse para promover políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), lo que afectaría contratación de personal bilingüe en zonas con alta densidad hispana.

Estos cambios ocurren tras otras decisiones controvertidas de FEMA, como un programa de $600 millones para centros de detención migratoria—eliminado discretamente de su sitio web—y la suspensión de empleados que firmaron una carta acusando al gobierno de Trump de "socavar las capacidades de la agencia".

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