Trump intensifica persecución política contra críticos con allanamientos y despliegues militares

El caso más reciente involucra a John Bolton, exasesor de seguridad nacional y ahora uno de los críticos más vocales del presidente. "Esta administración opera bajo una lógica de retaliación, no de justicia", declaró Bolton en una entrevista días antes de que agentes del FBI registraran su residencia. Fuentes cercanas al caso sugieren que la investigación gira en torno al manejo de información clasificada, aunque los tiempos han levantado sospechas.

La lista de objetivos es amplia y reveladora:

• Letitia James, fiscal general de Nueva York que demandó a la Organización Trump por fraude.
• Adam Schiff, senador que lideró el primer juicio político contra Trump.
• Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York ahora bajo la lupa federal.

Desde el Despacho Oval, el presidente ha dejado claro que no piensa detenerse. "Soy el jefe de las fuerzas del orden", afirmó durante una conferencia de prensa, mientras defendía su derecho a supervisar cualquier proceso legal en curso. Sus palabras contrastan con las críticas recibidas en 2022, cuando calificó el registro a Mar-a-Lago como "persecución política".

El Departamento de Justicia, ahora bajo el mando de Pam Bondi, ha dado pasos que refuerzan esta estrategia:

• Indagatoria sobre los orígenes de la investigación Russiagate.
• Presión para revisar casos contra aliados del presidente.
• Despidos selectivos de fiscales considerados "poco alineados".

En las calles, el escenario no es menos polémico. El despliegue de Guardia Nacional en Los Ángeles y Washington D.C. —justificado como "combate al crimen"— ha generado comparaciones con regímenes autoritarios. "Cuando mezclas tropas con procesos judiciales selectivos, el mensaje es claro", advirtió un profesor de derecho de George Washington bajo condición de anonimato.

Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en que solo aplica la ley. "El presidente está restaurando el equilibrio después de años de abusos", declaró la portavoz Abigail Jackson. Sin embargo, documentos obtenidos por AP revelan que al menos 60 exfuncionarios figuran en una lista interna marcada como "Estado Profundo" —incluyendo exasesores que testificaron en su contra durante los juicios políticos.

El patrón se repite en el ámbito militar. Tres docenas de oficiales perdieron sus autorizaciones de seguridad esta semana, todos ellos vinculados a decisiones que contradijeron al mandatario. El secretario de Defensa, por su parte, ha purgado mandos considerados "poco leales", según reportes internos.

Las universidades también están en la mira. Varias instituciones recibieron advertencias sobre recortes de fondos si no alinean sus políticas con las directrices del gobierno. Paralelamente, bufetes de abogados que litigaron contra Trump enfrentan sanciones que van desde la exclusión de contratos federales hasta la obligación de ofrecer "servicios legales pro bono" como compensación.

En los pasillos del Capitolio, los demócratas hablan de un "peligroso precedente", pero carecen de herramientas para frenar lo que algunos académicos ya llaman "la presidencialización de la justicia". Mientras el Departamento de Justicia amplía sus investigaciones, Trump prepara nuevos anuncios que, según filtraciones, incluirían más despliegues militares en Chicago y otras ciudades gobernadas por alcaldes demócratas.

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