Mientras se resuelve si se concede una suspensión definitiva a la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. La fundación impugnó el dictamen aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados.
La decisión del tribunal, tomada por unanimidad, responde a la queja de la fundación contra la suspensión provisional otorgada previamente por un juez. La medida cautelar busca evitar que se lleve a cabo la discusión y aprobación de la reforma judicial en las cámaras legislativas hasta que se resuelva el fondo del asunto.
Los magistrados del Tribunal Colegiado consideraron que la publicación y entrada en vigor de la reforma podrían causar daños irreparables, por lo que modificaron la resolución del juez y otorgaron la suspensión cautelar a la asociación. Esto incluye la prohibición de discusión y aprobación de la reforma tanto en el ámbito federal como en los estados.
Además, los magistrados afirmaron que la reforma tiene el objetivo de modificar el Poder Judicial de la Federación, lo cual fue considerado como un cambio fundamental en la estructura establecida por la Constitución.
El tribunal también rechazó la solicitud de la fundación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encargara del caso, indicando que las cuestiones relacionadas con la suspensión provisional deben resolverse dentro de un plazo legal de 48 horas.