Algunos sectores aplauden los cambios que busca implementar, mientras que otros, especialmente dentro del mismo sistema judicial, se resisten. En medio de este debate, surge una pregunta crucial: ¿Cómo se van a asegurar de que los amparos y suspensiones contra leyes y políticas públicas no obstaculicen el avance de proyectos importantes?
La respuesta, al menos por el momento, no es clara. Durante la conferencia matutina del 21 de octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no presentó una estrategia específica para lidiar con la posibilidad de que los amparos y suspensiones frenen iniciativas gubernamentales. En cambio, se centró en denunciar lo que considera excesos del poder judicial, particularmente en relación a la reforma constitucional al poder judicial y su presunta injerencia en asuntos electorales.
Uno de los puntos centrales de su discurso fue la intención de notificar al Congreso de la Unión sobre lo que considera una violación de la Ley de Amparo por parte de una jueza que otorgó una suspensión para eliminar la publicación de la reforma al poder judicial en el Diario Oficial de la Federación. Sheinbaum Pardo argumentó que la reforma al poder judicial fue aprobada por una amplia mayoría y que las resistencias de algunos jueces, juezas y magistrados se basan en el deseo de mantener sus privilegios.
Si bien no se especificó una estrategia contra los amparos y suspensiones, la presidenta dejó en claro su postura de defender la reforma al poder judicial y de combatir la corrupción en este poder. Su mensaje, sin duda, intensifica la tensión entre el Ejecutivo y el Judicial, y deja abierta la incógnita sobre cómo se manejarán las posibles trabas legales a la implementación de las políticas públicas.