El dictamen, que ha sido avalado por las comisiones del Senado de Puntos Constitucionales, Bienestar y Estudios Legislativos, contempla una serie de medidas cruciales que impactarán la vida de millones de mexicanos.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la inclusión del derecho constitucional a una vivienda digna para todos. Además, se reconoce el compromiso del Estado de brindar una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años y a todas las personas mayores de 65. La reforma también establece que el Estado deberá proveer rehabilitación y habilitación para personas con discapacidad, priorizando a los menores de 18 años.
Para garantizar que estos derechos se cumplan, se dispondrá de un presupuesto anual adecuado y progresivo que no podrá reducirse respecto al ejercicio fiscal anterior. También se propone brindar apoyo a trabajadores agrícolas y pescadores de pequeña escala, quienes recibirán fertilizantes gratuitos y asistencia económica anual.
La reforma ha generado un amplio consenso entre las diferentes fuerzas políticas, con algunos puntos de debate sobre la autonomía de las entidades federativas.
Este cambio, que refleja la voluntad del Estado de proteger a los sectores más necesitados, es un avance significativo en la construcción de una sociedad más justa e incluyente.