Informe denuncia vigilancia masiva y violación de privacidad en albergues migrantes de México
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Nicol Matuz ScottEl informe de la Coalición Latinoamericana MigrarSinVigilancia, en colaboración con Access Now y el Centro LATAM Digital, desvela una realidad alarmante. Publicado el 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, el documento revela que al menos 10 albergues, distribuidos a lo largo del país, reportaron actividades de vigilancia. Entre mayo y julio de 2024 se llevaron a cabo entrevistas con el personal de estos centros, obteniendo testimonios impactantes.
Drones sobrevolando las instalaciones, cámaras ocultas a lo largo de las vías del tren —medio de transporte frecuente para migrantes— y la confiscación de dispositivos electrónicos son algunas de las prácticas denunciadas. Un albergue reportó que durante un tránsito masivo de personas, drones sobrevolaron el lugar, aparentemente para contabilizar a los migrantes. Esta acción coincidió con consultas, tanto formales como informales, del Instituto Nacional de Migración (INM) sobre el número de personas atendidas.
Más allá de la simple observación, el informe destaca la vulneración de la privacidad. El uso indiscriminado de drones y sistemas de videovigilancia representa una violación a los derechos fundamentales. La recopilación de datos personales sin consentimiento, el efecto inhibitorio sobre la libertad de movimiento y la creciente estigmatización de la población migrante son consecuencias directas de estas prácticas.
La situación empeora con la vulneración de dispositivos electrónicos. No solo se trata de confiscaciones por parte de las autoridades, sino también de robos por parte del crimen organizado. "El INM ha llegado a confiscar teléfonos y documentos sin explicaciones claras," comentó un albergue anónimo, añadiendo sospechas sobre posible manipulación de la información. Esto se suma a los reportes de extorsión y amenazas dirigidas al personal de los albergues, como intentos de hackeo y llamadas intimidatorias.
El informe incluso apunta a una posible colusión entre autoridades y el crimen organizado, con presiones para compartir información sensible de los migrantes y acciones como incendios provocados tras la sustracción de dispositivos electrónicos. César Barranco, de la Casa del Migrante Saltillo, mencionó casos concretos de extorsión tras el robo de datos personales vía aplicaciones digitales.
Las recomendaciones del informe incluyen la prohibición del uso de tecnologías de vigilancia masiva sin consentimiento, el establecimiento de protocolos estrictos para la protección de datos personales y la capacitación en seguridad digital para el personal de los albergues. La situación expuesta en el informe dibuja un panorama complejo, donde la tecnología, en lugar de facilitar la ayuda humanitaria, se convierte en un arma que vulnera los derechos de los más vulnerables.
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