La iniciativa, presentada inicialmente por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el 11 de enero de 2021, planteaba la desaparición de varios organismos autónomos. AMLO argumentó en diversas conferencias de prensa que estos organismos, “son autónomos del pueblo y del gobierno, pero no autónomos de las empresas particulares, además se les paga con dinero del pueblo, del presupuesto.” Esta declaración marcó el inicio de un proceso que culminaría con la integración de estos organismos a otras dependencias gubernamentales.
Entre las instituciones afectadas se encontraban:
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
- Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)
- Comisión Reguladora de Energía (CRE)
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
El 5 de febrero, AMLO envió al Congreso 20 iniciativas de reformas constitucionales, incluyendo la eliminación de estas dependencias autónomas. La justificación, según el mandatario, era “establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia.” Este proceso generó un intenso debate público sobre la conveniencia de eliminar estos contrapesos gubernamentales.
La aprobación de estas iniciativas en el Congreso, primero en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, fue seguida de diversas manifestaciones de preocupación, incluyendo reuniones de los comisionados del INAI con la titular de la SEGOB, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y con el líder de Morena, Ricardo Monreal Ávila. Se cuestionó la garantía de un funcionamiento adecuado del Estado sin la existencia de órganos autónomos que supervisen su actividad.
Con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 1 de octubre, la continuidad de estas reformas se mantuvo. Sheinbaum respondió a las críticas, como las relacionadas con la posible contradicción con el T-MEC en el caso del IFT, explicando la reestructuración de sus funciones dentro de otras dependencias. También se refirió a la COFECE, argumentando que “La COFECE se ha dedicado a parar a las empresas públicas (...) Las dejaron abandonadas en todo el periodo neoliberal particularmente el sexenio de 2012 a 2018, vean lo que hicieron con PEMEX y con la CFE.”
Finalmente, el 21 de diciembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto que formaliza la desaparición de estos organismos. La presidenta Sheinbaum reiteró que los recursos se destinarán a programas de bienestar y que se respetarán los derechos laborales de los empleados. El Congreso tendrá 90 días para realizar las adecuaciones legales necesarias. La integración de los organismos extintos a otras dependencias federales está detallada en el decreto.
El proceso de reestructuración concluye con la integración de los organismos a diferentes secretarías, marcando un cambio significativo en la estructura gubernamental.