Propuesta de reforma busca pensión alimenticia retroactiva desde el nacimiento
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Nicol Matuz ScottLa senadora Rocío Corona Nakamura del PVEM, ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 311 del Código Civil Federal. Esta iniciativa, que busca modificar la forma en que se establecen las pensiones alimenticias, ha puesto en el centro de la discusión una estadística alarmante: tres de cada cuatro menores en México no reciben pensión alimenticia.
¿Cuál es la raíz del problema? Actualmente, el pago de la pensión solo se aplica después del reconocimiento legal de la paternidad. Esto significa que, aunque un padre biológico exista, la falta de reconocimiento legal deja a los menores sin la protección económica que les corresponde desde su nacimiento. Esta laguna legal es la que busca subsanar la propuesta.
La iniciativa de Corona Nakamura propone que el pago de la pensión alimenticia sea retroactivo desde el nacimiento del menor. Esto implicaría un cambio significativo en la legislación, garantizando que los niños y niñas reciban el apoyo económico que legalmente merecen, sin importar si la paternidad fue o no legalmente reconocida previamente. "Todas las niñas y niños deben tener asegurado su derecho a una vida digna desde el día en que nacen," afirmó la senadora.
Más allá de la cifra impactante del 75%, la realidad se agrava para las madres solteras. Se estima que el 67.5% de ellas enfrentan la evasión de obligaciones alimenticias por parte de sus exparejas. La propuesta busca abordar esta problemática directamente, otorgando un respaldo legal más sólido a la infancia vulnerable.
El mínimo legal para la pensión alimenticia es del 15% de los ingresos del padre por cada hijo, pudiendo llegar hasta el 30% dependiendo de la situación específica, determinada judicialmente. La propuesta del PVEM busca, pues, no solo asegurar el cumplimiento de esta ley, sino también reconocer la deuda acumulada desde el nacimiento del menor.
La iniciativa de la senadora destaca la importancia del bienestar infantil, planteando que la deuda alimentaria no es una concesión, sino un derecho fundamental. Es una propuesta que genera un debate sobre el acceso a la justicia para los menores en situación de vulnerabilidad económica. La propuesta no busca solo una solución legal, sino un cambio cultural que priorice el bienestar de los más pequeños desde su llegada al mundo.
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