La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), una organización que monitorea de cerca la situación de los menores en el país, ha presentado cifras preocupantes. De enero a octubre de 2024, se registraron 2,049 homicidios de menores de 17 años. Esto representa un aumento del 4.9% con respecto al mismo periodo del año anterior. La desagregación de datos resulta aún más impactante: 422 niñas y 1,627 niños fueron víctimas de este flagelo.
Los estados más afectados, concentrando uno de cada cuatro homicidios de menores, son Guanajuato, Michoacán y el Estado de México. Una situación que exige una respuesta inmediata y coordinada de las autoridades.
Pero la situación no se limita a los homicidios. El número de feminicidios de niñas y adolescentes también ha escalado. De acuerdo a la Redim, se pasó de 60 casos en el 2023 a 67 en el 2024 (en el mismo periodo de comparación). Esta tendencia pone en relieve la necesidad de políticas públicas más efectivas para proteger a las niñas.
Ante este panorama desolador, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CRC) ha expresado su profunda preocupación. En un comunicado, el CRC “urgió al gobierno de México a adoptar medidas urgentes para prevenir los homicidios y feminicidios de niños y a prevenir, investigar y sancionar todos los casos de desaparición de niños.”
El organismo internacional también lamentó la “detención sistemática de niños migrantes, incluidos los niños no acompañados o separados de su familia”, instando a México a garantizar el cumplimiento de las normas internacionales en los centros de detención. La situación, en resumen, demanda atención inmediata y estrategias integrales para salvaguardar la infancia mexicana.
El aumento de la violencia contra menores exige una respuesta que trascienda las cifras. Se requiere un análisis profundo de las causas subyacentes a este problema y la implementación de estrategias que aborden las raíces del conflicto.