Recientemente, en Chiapas, se ha desmantelado una red criminal que operaba bajo una metodología inesperada: el uso de un sistema de videovigilancia para extorsionar a migrantes. La Fiscalía General de Chiapas ha informado sobre la operación que culminó con el retiro de 30 cámaras de vigilancia estratégicamente ubicadas.
Estas cámaras, según la investigación, pertenecían a una célula de delincuencia organizada que operaba en los municipios de Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez y Suchiate. La ubicación de las cámaras no fue aleatoria. La mayoría, 27 cámaras, se encontraban en postes similares a los utilizados por el sistema de seguridad Escudo Urbano C5, en la cabecera municipal de Frontera Hidalgo, lo que sugiere una sofisticada planificación y conocimiento del entorno.
El operativo se llevó a cabo tras una denuncia que alertaba sobre el secuestro y la extorsión de migrantes por parte de esta organización criminal. “El despliegue operativo se derivó de una denuncia, en la que se informó sobre una célula de la delincuencia organizada que con ayuda de cámaras de video vigilancia instaladas en la vía pública secuestraban y extorsionaban a personas migrantes…”, detalla el comunicado de la Fiscalía.
Dos cámaras adicionales fueron localizadas en los puntos de acceso a Ciudad Hidalgo, mientras que una más se encontró en Zaragoza, municipio de Suchiate. La Fiscalía ha logrado la vinculación a proceso de dos individuos, Luis “N” y Julio “N”, por su presunta participación en la extorsión de dos migrantes, uno ecuatoriano y otro colombiano. Los detenidos, al parecer, “extorsionaban a personas migrantes, solicitándoles el pago de una suma de dinero a cambio de no entregarlos con las autoridades migratorias, con un grupo delincuencial o privarlos de la vida”.
El desmantelamiento de esta red criminal subraya la necesidad de fortalecer los sistemas de seguridad y la colaboración entre las autoridades y la sociedad civil para proteger a los migrantes y combatir el crimen organizado.