El Instituto Nacional Electoral (INE) se alista para recibir las solicitudes, un proceso que promete reconfigurar el mapa del poder en los próximos años. El interés, sin embargo, no es homogéneo. Más allá del ruido mediático, nombres como Guadalupe Acosta Naranjo, con su "Frente Cívico Nacional", han anunciado públicamente sus intenciones. Acosta Naranjo, ex perredista, busca un espacio político que, según sus palabras, "no será de derecha ni de izquierda, sino defensor de causas y valores". Su ambicioso objetivo: "Si Morena nació en 2015 y ganó en 2018, nosotros saldremos en 2027 y ganaremos en 2030".
Pero no es el único. La figura de Xóchitl Gálvez también se asoma en este escenario, aunque aún sin definir su estrategia. Si se aliará con otras agrupaciones o emprenderá una trayectoria independiente, queda por verse. Lo que sí es claro es su intención de presentar "una visión de país realmente distinta". Recordemos que el Frente Cívico Nacional apoyó su candidatura presidencial en 2024.
El espectro político se amplía hacia la derecha. Eduardo Verástegui, tras su fallida candidatura independiente, planea formar un partido que refleje sus posturas conservadoras, oponiéndose a temas como el aborto, el matrimonio igualitario y el cambio climático. Una visión que comparte un sector del Yunque, liderado por Juan Manuel Oliva, ex gobernador panista de Guanajuato, con la propuesta de "México Republicano".
Por otro lado, el PRD, tras perder su registro nacional, explora su regreso al sistema, pero su futuro depende de las decisiones de sus exmilitantes, quienes podrían optar por unirse al Frente Cívico o impulsar una alternativa propia. Adicionalmente, partidos extintos como el PES, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, también buscan su reincorporación.
El proceso, que culmina en febrero de 2026, implica cumplir con rigurosos requisitos. La Ley General de Partidos Políticos exige:
- Asambleas en al menos 20 entidades o 200 distritos.
- Participación de 3,000 afiliados por entidad o 300 por distrito.
- Prohibición de participación de organizaciones gremiales.
El INE tendrá la tarea de validar la autenticidad de las afiliaciones, evitando la doble afiliación y asegurando el cumplimiento de las normas de fiscalización. Un proceso complejo que definirá el futuro político de México.