La transición fue sutil, casi imperceptible, como la entrada de un actor secundario que roba la escena. De pronto, el foco se desplazó a un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un documento que, según "fuentes cercanas a la presidencia", generó un debate a puerta cerrada días antes de la conferencia.
Este informe, revelador en su crudeza, establece que el 74% de las armas usadas en homicidios dolosos en México entre 2017 y 2022 provienen de Estados Unidos. Esta cifra, fría y contundente, contrastaba con la habitual narrativa gubernamental sobre la disminución de la violencia.
La presidenta Sheinbaum, mientras reconocía la gravedad del dato, reafirmó el compromiso de colaboración binacional con Estados Unidos. Mencionó la importancia del intercambio de información y la necesidad de fortalecer las acciones conjuntas. Sin embargo, la respuesta no satisfizo a todos.
La omisión de una autocrítica más profunda y la insistencia en la cooperación, sin mencionar resultados concretos, alimentaron el escepticismo. Analistas políticos señalaron la persistencia de la problemática a pesar de los años de diálogos y tratados bilaterales, recordando el polémico caso "Rápido y Furioso" como un ejemplo de las dificultades para frenar el flujo de armas.
La crítica se centró en la falta de acciones concretas. Se mencionó la necesidad de:
- Mayor transparencia en la información compartida por Estados Unidos.
- Un enfoque más enérgico en la lucha contra el tráfico de armas a nivel nacional.
- Una estrategia más integral que incluya acciones preventivas y de desarme ciudadano.
El debate, aún en curso, deja abierta la pregunta sobre la eficacia de las medidas actuales y la necesidad de una estrategia más amplia y agresiva para enfrentar este desafío crucial.