El abogado Nicolás Espinoza Martínez, experto en la materia, aclara el panorama. Primero, destaca la importancia del debido proceso legal, resaltando que “el procedimiento administrativo sí podrán realizarlo, pero no podrán violentar lo que la Constitución establece como el marco jurídico mayor.”
Espinoza Martínez detalla que, antes de cualquier acción legal, el Ayuntamiento debe agotar la vía conciliatoria. Esto implica:
- Invitar formalmente al deudor a las oficinas de Tesorería.
- Ofrecer un trato serio y buscar un convenio de pago.
- Establecer claramente las condiciones de pago, incluyendo el monto y la forma de pago.
Solo en caso de incumplimiento de este convenio, se podrían iniciar acciones legales.
Un punto crucial, según el abogado, es la notificación adecuada del deudor. “No solo se les debe entregar un simple citatorio, sino que tiene que ir acompañado con sustento que funda y motiva su proceder el Ayuntamiento, que debe incluir qué artículos y el porqué”, enfatiza. La correcta notificación se extiende a la empresa de cobranza contratada, cuya legitimidad y condiciones de operación deben ser revisadas con cuidado. El abogado menciona la posible comisión que cobraría la empresa, algo que debe quedar claramente definido.
El abogado puntualiza la necesidad de verificar la deuda. “Se debe acreditar que el deudor realmente debe esos años y por las cantidades que establecen, ya que recordó hay una regla respecto al predial.”
Respecto al embargo, Espinoza Martínez aclara que aunque se puede realizar bajo la miscelánea fiscal, “una cosa es el embargo y otra que sea procedente.” Enfatiza el derecho a la defensa del ciudadano, incluyendo el derecho a la audiencia y el debido proceso establecido en la Constitución. El embargo, según el experto, no implica la expropiación inmediata del terreno, sino un proceso administrativo que se registra en el Registro Público de la Propiedad, impidiendo la disposición del bien hasta que se resuelva la deuda.
El proceso completo, según el abogado, se describe como largo y costoso, requiriendo múltiples actuaciones legales.