Escándalo de pensiones millonarias en México sacude al ISSSTE
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Leonora LagardaEl tema no es nuevo, pero la magnitud de las irregularidades detectadas recientemente ha sacudido al país. El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, reveló durante la conferencia "La Mañanera" un escandaloso hallazgo: cerca de ocho mil pensiones otorgadas por el instituto superan los límites legales establecidos. Este anuncio, realizado en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desató una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación.
Para ilustrar la gravedad de la situación, se presentó un listado con las diez pensiones más altas. Entre ellas destaca el caso de una maestra de kínder jubilada con una pensión de 210 mil pesos mensuales, y la de un ex director general adjunto que recibe casi 310 mil pesos. Estas cifras, considerablemente superiores al salario promedio en México, evidencian un grave desequilibrio.
La presidenta Sheinbaum presentó un plan de 25 acciones para la transformación del ISSSTE, dividido en cuatro ejes principales: Salud, Vivienda, Seguridad Social Integral y Combate a la Corrupción y Fortalecimiento Financiero. Dentro de este último, se encuentra la revisión exhaustiva de las pensiones irregulares.
Según Batres, “el límite máximo que marca la ley son 10 UMAS”, pero muchas pensiones superan ampliamente esta cifra; de hecho, siete incluso superan el salario de la presidenta de México. De las diez pensiones más altas, cuatro fueron otorgadas directamente por el ISSSTE y seis por órganos del Poder Judicial, según información oficial.
La pensión más alta asciende a la impresionante cantidad de 309,054 pesos mensuales, otorgada desde 2002 a un ex funcionario cuyo último cargo fue el de director general adjunto en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. El ISSSTE asegura que se están revisando estas irregularidades, garantizando el debido proceso y el derecho de audiencia a los involucrados.
El proceso de revisión implica un análisis minucioso de cada caso para determinar la legalidad de las pensiones, con la posibilidad de ajustarlas o, en su caso, cancelarlas. Este proceso, aún en curso, promete un largo camino para la transparencia y la justicia en el sistema de pensiones mexicano.
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