La conferencia matutina del 14 de enero, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reveló una revisión exhaustiva de las pensiones del ISSSTE. El objetivo declarado: identificar y corregir pensiones que excedan el límite legal de 10 UMAS (aproximadamente 34,000 pesos). Ejemplos de pensiones millonarias, incluso superiores al salario presidencial, se presentaron, desatando una intensa polémica.
El gobierno argumenta que se trata de una lucha por la "justicia social y la equidad". Sin embargo, las críticas se centran en la aparente selección de casos, principalmente de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ignorando presuntas irregularidades de periodos anteriores. Se estima que alrededor de 8,000 casos están bajo la lupa.
La falta de transparencia en la metodología genera desconfianza. Si bien se menciona el "respeto al debido proceso y el derecho de audiencia," la ausencia de detalles concretos sobre los criterios de selección alimenta las sospechas de una posible cacería de brujas política.
La oposición ve en esta revisión un intento de desviar la atención de problemas apremiantes: la escasez de medicamentos en hospitales públicos y el deterioro de la infraestructura del ISSSTE, por ejemplo. El gobierno, en contraparte, defiende la medida como necesaria para la salud financiera del instituto y para combatir la corrupción.
El proceso, lejos de generar consenso, ha dividido opiniones. La promesa de ajustar o cancelar pensiones ilegales es laudable, pero la ejecución del proceso es el punto de fricción, generando dudas sobre la imparcialidad de la revisión.
La revisión plantea interrogantes sobre la transparencia y el equilibrio entre la justicia social y la política. La falta de información detallada sobre los mecanismos de auditoría y selección de casos, añade una capa de incertidumbre a esta situación.