El pasado martes 21 de enero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina, presentó el Plan Nacional para el Control del Dengue y otras arbovirosis. Un plan que, lejos de pasar desapercibido, ha generado un debate considerable entre expertos y la ciudadanía.
El plan, con fecha de inicio prevista entre febrero y marzo, detalla una estrategia que se implementará por etapas. Se contempla la distribución de insecticidas en abril, seguido de larvicidas, fumigación y nebulización en mayo. A partir de junio y hasta diciembre, se intensificarán las acciones en zonas de riesgo identificadas. Una medida particularmente llamativa es la liberación de mosquitos infectados con una bacteria, una estrategia que ha generado diversas opiniones.
Según el mapa de calor presentado, Jalisco, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Veracruz se perfilan como los estados con mayor incidencia. Esto revela que el dengue no se limita a las zonas costeras, afectando también áreas urbanas y suburbanas debido al aumento de criaderos artificiales. Este dato, sin duda, resalta la necesidad de una estrategia más contundente, especialmente considerando la gestión anterior bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Una de las críticas más recurrentes al plan es su aparente carácter reactivo. Su lanzamiento coincide con una disminución de casos de dengue, sugiriendo una respuesta a una situación ya en retroceso, en vez de una anticipación a una potencial crisis. La falta de una visión a largo plazo, así como la omisión de factores estructurales como el acceso al agua potable y saneamiento adecuado, son puntos que preocupan a muchos.
El plan enfatiza la importancia de la automedicación responsable y la búsqueda de atención médica oportuna. Sin embargo, la realidad es que el acceso a servicios de salud en zonas rurales y marginadas sigue siendo un obstáculo considerable, lo que debilita el alcance real de esta recomendación.
La participación ciudadana es fundamental dentro de este plan. Pero la efectividad de esta participación depende en gran medida de la disponibilidad de recursos y el apoyo directo a las comunidades más vulnerables, donde el dengue suele propagarse con mayor facilidad. La falta de una estrategia proactiva en el pasado deja una pesada carga para la actual administración.