Ley Sabina: Registro Nacional de Deudores Alimentarios en México
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Leonora LagardaLa discusión trasciende lo legal, adentrándose en las implicaciones sociales y económicas para las familias mexicanas.
Al centro de este debate se encuentra Diana Luz Vázquez, activista del movimiento "Mujeres Abriendo Caminos", impulsora de la llamada "Ley Sabina". Esta ley, que ya se implementa en varios estados, busca establecer un Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Vázquez, en una reciente entrevista, explicó que la iniciativa surgió de una experiencia personal: "Fue un proceso doloroso, pero también reivindicatorio, porque venía de esas historias que vivieron mi mamá, mi abuela, mis tías. El no querer repetir la historia, pero además cambiar esta condición para mi hija, para muchas mujeres que me observan..."
La activista argumenta que el registro pretende responsabilizar a los padres que evaden sus obligaciones económicas con sus hijos. Ella resalta la importancia de un cambio cultural, donde la paternidad responsable deje de ser un asunto de"machismo, de decir que entre más hijos tienes, más macho eres", un comentario que refleja, según Vázquez, la preocupante realidad de muchos hogares mexicanos con padres ausentes.
Sin embargo, la situación es más compleja. Vázquez denuncia la existencia de grupos de hombres que, bajo la bandera de la "convivencia", buscan minimizar sus responsabilidades económicas. Ella describe a estos grupos como "rehenes de la pensión", quienes reclaman la custodia de sus hijos pero eluden sus obligaciones financieras, incluso recurriendo a la violencia vicaria para controlar a sus exparejas. Señala un preocupante patrón: "Creen que maternar es en nombre del amor y que no tiene ningún valor económico el lavar los trastes, la ropa o llevar a los hijos a la escuela".
El impacto de la "Ley Sabina" es palpable. Genera un cambio en la percepción social, creando un temor entre los posibles deudores alimenticios a ser públicamente señalados. Esto representa un cambio significativo frente a la cultura de impunidad que históricamente ha rodeado este tema. El debate, sin duda, continuará mientras se busca un equilibrio entre los derechos de los padres y el bienestar de los hijos, una discusión que no solo involucra leyes, sino también una transformación de las estructuras sociales mexicanas.
La propuesta de un registro nacional genera interrogantes sobre su implementación práctica y su impacto real en la vida de las familias mexicanas. El camino hacia una mayor responsabilidad paternal requiere una solución integral que contemple las complejidades sociales, económicas y legales del tema. El debate está abierto.
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